“Aceptamos mansamente la pérdida del 50% de agua potable”, comentó en Dinámica Rural el presidente de Federación Rural, Ing. Agr. Rafael Normey, al argumentar los diferentes párrafos del comunicado emitido tras el consejo ampliado en Reboledo.
Ante el avance del proyecto de una represa en Casupá, Federación Rural considera fundamental “otorgar un plazo de seis meses para la realización de estudios técnicos y ambientales que analicen en profundidad las distintas alternativas disponibles, a fin de garantizar decisiones responsables y sostenibles”. Son “seis meses para encontrar la solución estructural para los próximos cien años”, añade el comunicado.
Normey señaló que la apuesta de federación Rural es la de “abordar el tema con la mayor seriedad posible”, pero “también manifestarse”. Dijo que no hay que perder de vista “los impactos tremendos” que tendrá la construcción de la represa. En el comunicado, se señalan, entre otros, la “ruptura del entretejido social construido por las personas de la zona durante generaciones, promoviendo el desarraigo de la familia rural, emprendimientos y cierre de escuelas rurales centenarias aún activas”. También se hace foco en la pérdida de monte nativo y en los aspectos productivos. Normey opinó que es necesario “despolitizar” y “analizar bien el mapa de opciones”.
“Un despropósito”
En cuanto al artículo del presupuesto que define gravámenes para “sustancias activas de alta peligrosidad” que se utilizan en fitosanitarios, la posición de Federación Rural “sigue siendo que hay que eliminarlo” o, en su defecto, que se le realice un cambio a la redacción, explicó Normey. Entiende que se debe indicar con claridad si hay sustancias que deben ser prohibidas, y que la normativa que hoy está a discusión del Senado sólo logrará incrementar costos, sin llevar a que se deje de utilizar la sustancia. Añadió que considera “un despropósito” el amplio menú de posibles aplicaciones de estos gravámenes que se abriría en caso de ser implementado el artículo tal como está.
